Fecha: 16 de febrero de 2018.
- Diseñar una política pública en materia de bioseguridad, el objetivo.
- Plantearon la necesidad de un organismo autónomo.
Por cuarta ocasión en lo que va del sexenio, los órganos técnicos y consultivos de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) sesionaron de manera conjunta, esta vez con el fin de diseñar un documento de política pública que atienda las áreas de oportunidad prioritarias para implementar, de la mejor manera posible, el marco regulatorio nacional en bioseguridad.
Al inaugurar la reunión de trabajo, la doctora Sol Ortiz García, Secretaria Ejecutiva de la CIBIOGEM, señaló que la riqueza de los consejos estriba en su complementariedad, pues sus integrantes provienen de los sectores público, privado, social y productivo, así como de los ámbitos académico y de investigación, que como expertos de reconocido prestigio en diferentes disciplinas aportan conocimientos, visiones y experiencias diversas;de ahí lo valioso de estos acercamientos que favorecen, dijo, el intercambio de opiniones y la suma de voluntades para superar diferencias y resaltar puntos de encuentro para que México esté cada día mejor.
Este ejercicio de planeación estratégica, que reunió durante dos días al Comité Técnico (CT) y a los Consejos Consultivo Científico (CCC) y Consultivo Mixto (CCM), órganos de consulta de la CIBIOGEM, permitió generar un mapa de ruta con acciones específicas que serán desarrolladas por los miembros de estos órganos técnicos y consultivos, así como por las instancias que conforman a la Comisión.
Teniendo como puntos de partida el Documento que acompaña el formato del Tercer Informe Nacional de la Aplicación del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnologíay el Análisis sobre la integración de Políticas en Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y de acceso a recursos genéticos en México–obras editadas recientemente por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión y disponibles en su página Web–, así como la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), el Programa de Trabajo Bienal de la CIBIOGEM 2017-2018 y la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México (ENBioMex), los miembros del CT, CCC y CCM definieron cuatro líneas de acción:
- Actualización del marco regulatorio, que incluye redefinición de paradigmas, toma de decisiones científicamente sustentadas, y revisión de fundamentos e instrumentos regulatorios y propuestas de nuevos instrumentos acordes al desarrollo de nuevos productos tecnológicos.
- Fortalecimiento de capacidades nacionales sobre el conocimiento y la regulación en materia de organismos genéticamente modificados, cuyo objetivo sería desarrollar estrategias para generar, fomentar e impulsar fortalezas en infraestructura, educación y difusión, para incrementar las capacidades nacionales en la materia.
- Fomento a desarrollos nacionales, que faciliten la innovación, la mejora, el escalamiento y la comercialización de productos biotecnológicos nacionales.
- Participación e integración multisectorial, focalizada en cuatro ámbitos: la consolidación de los mecanismos de coordinación entre las secretarías de Estado que conforman la CIBIOGEM;una mayor vinculación y coordinación de los gobiernos de los estados con la CIBIOGEM;consolidar la integración de los sectores asegurando el balance y representatividad de los órganos de consulta con posiciones incluyentes y la integración de los puntos focales nacionales.
Estas líneas de acción son el punto de partida para para poner en marcha un plan de acción inmediata, con miras a plantear una Estrategia Nacional de Bioseguridad para finales del presente año, estrategia que una vez aprobada por el pleno de la CIBIOGEM (que actualmente preside el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) sería sometida a la aprobación del Presidente de la República para que sea implementada durante 2019.
Un aspecto que generó el consenso de los participantes en este ejercicio de planeación estratégica fue la necesidad de contar con un órgano autónomo que integre competencias de bioseguridad, con facultades decisorias y financiamiento propio, posibilidad que, reconocieron, sería factible, pero a largo plazo, pues involucra la participación del Congreso de la Unión.
